En un nuevo golpe a las economías ilegales que financian a los grupos armados al margen de la ley, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la ocupación con fines de extinción de dominio de bienes cuyo valor supera los nueve mil millones de pesos en el departamento de Antioquia. La operación, denominada Occidente Dorado II, se desarrolló en Medellín y en municipios como Santa Fe de Antioquia y Buriticá, donde se identificaron lujosos apartamentos, casas de recreo, fincas, un eco-hotel, sociedades comerciales, vehículos de alta gama y motocicletas, todos presuntamente adquiridos con recursos provenientes de la minería ilegal de oro. Según la investigación, estas propiedades servían como fachada para ocultar el dinero generado por prácticas extractivas ilícitas que se realizaban mediante el uso de explosivos y socavones subterráneos, actividades que además de alimentar las arcas de estructuras criminales, causaban un grave impacto ambiental en la región.
Las autoridades establecieron que detrás de estos bienes se encontraban organizaciones como la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, que imponía un cobro del diez por ciento sobre la producción de oro ilegal, así como la banda conocida como Los del Cero, que también entregaba parte de sus utilidades a esa estructura armada. Este esquema se convirtió en una fuente constante de ingresos para el financiamiento de actividades delictivas, consolidando un negocio que mezclaba la violencia con el saqueo indiscriminado de los recursos naturales.
El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que los bienes ocupados pasarán ahora a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras se define su destino legal. Resaltó además que esta acción constituye un mensaje claro del Estado: ningún patrimonio obtenido con dineros ilegales quedará en la impunidad y toda riqueza derivada de economías criminales será perseguida.
Este operativo reafirma la estrategia del Gobierno nacional de atacar las finanzas de las organizaciones delincuenciales como una forma efectiva de debilitarlas. La minería ilegal se ha convertido en uno de los motores económicos más poderosos de los grupos armados en Colombia, y acciones como la ocupación de bienes buscan frenar ese flujo de dinero que se convierte en armas, en control territorial y en mayores riesgos para las comunidades. Con esta intervención, se golpea de manera directa la estructura financiera de quienes han encontrado en la explotación ilícita del oro una fuente de enriquecimiento, al tiempo que se envía un mensaje de respaldo a la legalidad y a la protección del medio ambiente en Antioquia y en todo el país.
