El Gobierno nacional expidió un decreto con el que reorganiza el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos y expertos en derecho constitucional. La principal crítica radica en que, pese a que la reforma a la salud aún no ha sido aprobada por el Congreso, varias de sus propuestas están siendo implementadas por vía administrativa.
El decreto establece que los usuarios deberán ingresar al sistema a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), y que la ADRES será la única entidad encargada de la gestión financiera del sistema. Las EPS, por su parte, conservarán funciones limitadas, relacionadas con la gestión del riesgo en salud.
Uno de los puntos más controvertidos es que la conformación de redes integradas e integrales de salud quedará en manos de alcaldes y gobernadores. Esta decisión ha sido cuestionada por el riesgo de politización de los servicios médicos en los territorios.
“El Gobierno está implementando por decreto lo que debía ser discutido en el Congreso. Muchos de estos temas tienen reserva legal e incluso deberían haberse tramitado mediante una ley estatutaria”, advirtieron algunos congresistas, quienes anunciaron que demandarán el decreto ante el Consejo de Estado.
También se advierte que la territorialización de las EPS podría restringir su operación a ciertas regiones, lo que afectaría a millones de usuarios que hoy reciben servicios fuera de sus departamentos de origen.
El decreto establece que los cambios se implementarán gradualmente en plazos de tres meses a un año, lo que mantiene en incertidumbre a los usuarios, EPS y prestadores de servicios.
Desde diversos sectores se insiste en la necesidad de un debate amplio, transparente y democrático para cualquier transformación estructural del sistema de salud, uno de los pilares fundamentales del bienestar de los colombianos.
