Bogotá, 11 de septiembre de 2025. — El Gobierno nacional anunció este jueves que aceptará reducir en 10 billones de pesos el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 como respuesta a la renuencia de varios congresistas a respaldar la cifra inicialmente propuesta por el Ejecutivo. La decisión, comunicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca destrabar las votaciones en las comisiones económicas del Congreso, donde el Ejecutivo enfrentó dificultades para asegurar quórum y consensos.
Qué se recorta y por qué
La propuesta original del Ejecutivo fijaba el presupuesto de gastos en alrededor de 557 billones de pesos; con la reducción aceptada por el Gobierno el total quedaría en aproximadamente 547 billones. El recorte de 10 billones no es simplemente una cifra contable: según explicó el ministro Ávila durante el debate legislativo, también implica una rebaja en la ambición recaudatoria de la reforma tributaria que acompaña el proyecto presupuestal, al pasar de una propuesta inicial de 26,3 billones a una nueva estimación cercana a 16,3 billones si esa modificación se aprueba.
La medida responde a dos presiones simultáneas: (1) la falta de respaldo explícito en el Congreso —con sesiones suspendidas por falta de quórum en varios momentos de la discusión— y (2) la necesidad política del Gobierno de evitar un choque abierto que retrase la aprobación del PGN antes de los plazos legales. El Ejecutivo dejó claro que la reducción fue una oferta negociadora para asegurar el avance del trámite.
Impacto sobre la reforma tributaria y las finanzas públicas
El vínculo entre la ley de financiamiento (reforma tributaria) y el presupuesto es central: parte de los gastos previstos para 2026 dependían de los nuevos ingresos que la reforma generaría. Al reducir la ambición recaudatoria en aproximadamente 10 billones, el Gobierno estaría renunciando a parte de los ingresos proyectados, lo que obliga a ajustar partidas o a buscar fuentes alternativas de financiación. Analistas consultados por la prensa advierten que ello puede traducirse en menores recursos para programas nuevos o en la necesidad de reordenar prioridades por sectores (salud, educación, inversión social y transición energética, entre otros).
Por su parte, sectores económicos y gremios habían pedido mesura y diálogo con el Congreso antes de aprobar aumentos tributarios que, según algunas voces, podrían afectar la inversión y la recuperación económica. El Gobierno, consciente de estas advertencias y de la delicada situación política, optó por ofrecer la reducción como una fórmula para estrechar acuerdos.
Calendario y trámite legislativo
La aprobación final del monto del presupuesto y de la ley de financiamiento está en manos de las comisiones económicas del Senado y la Cámara; el proceso tiene plazos legales y el Ejecutivo enfrenta la presión de cerrar el trámite antes de la fecha límite que rige para la aprobación del PGN. Durante la jornada se registraron sesiones suspendidas y debates acalorados; el ministro Ávila defendió el proyecto como “moderado y responsable”, mientras que la oposición y varios congresistas de la coalición expresaron desacuerdos puntuales que llevaron a la oferta de recorte.
Reacciones políticas
La oferta de disminuir 10 billones ha sido interpretada por analistas y actores políticos de dos maneras: como una señal de pragmatismo gubernamental —dispuesta a ceder para no bloquear el trámite— y como una muestra de la pérdida de control político del Ejecutivo para imponer su agenda fiscal sin negociación. La desintegración parcial de la coalición que respaldó al presidente (según reportes) ha complicado la ruta legislativa de proyectos de gasto e ingresos desde hace meses. Algunos congresistas oficialistas recibieron la oferta con cautela; la oposición solicitó mayores garantías sobre cómo se compensarán los programas que pudieran verse afectados.
Qué podría cambiar en los programas sociales y la inversión
Aunque el Gobierno ha insistido en que el ajuste no afectará los programas sociales prioritarios, expertos en finanzas públicas indican que la reducción obliga a revisar las partidas discrecionales o iniciativas nuevas. Sectores como la salud preventiva, la educación superior y la transición energética, señalados en versiones anteriores del PGN, podrían ver readecuaciones si no se encuentran compensaciones por otras fuentes o por mejora en la eficiencia en ejecución. La clave será la negociación en el Congreso y las compensaciones que se pacten en el trámite de la ley de financiamiento.
Riesgos y escenarios
- Escenario optimista: la reducción permite sellar acuerdos y el Congreso aprueba el PGN y una ley de financiamiento acotada; la economía mantiene su rumbo y el Gobierno logra implementar sus prioridades con ajustes menores.
- Escenario intermedio: se aprueba el presupuesto con enmiendas y reubicaciones de recursos; algunos programas nuevos quedan aplazados.
- Escenario de riesgo: la falta de acuerdos deriva en demora o en la necesidad de usar mecanismos alternativos (p. ej., decretos) para garantizar la operación del Estado, lo que podría tensar aún más la relación Ejecutivo-Congreso y generar incertidumbre en mercados y gremios.
Contexto macro y antecedentes
La discusión del PGN para 2026 llega en un contexto de estrechez fiscal en varios países de la región y de debates en Colombia sobre la necesidad de financiar la inversión social comprometida por el Gobierno sin poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda. En julio y agosto el Ejecutivo ya había planteado la necesidad de una reforma tributaria que buscaba recaudar cerca de 26,3 billones para apuntalar el presupuesto; la negociación actual es una prueba de la fragilidad de ese acuerdo inicial.
