El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha de la primera fase de un plan de choque destinado a reducir el represamiento de servicios médicos y atender a los usuarios que tienen pendientes medicamentos o procedimientos.
La estrategia fue presentada tras el Consejo de Ministros del 21 de septiembre y contempla inicialmente a más de un millón de personas identificadas con algún tipo de atención pendiente. Según las cifras entregadas por el Gobierno, se trata de 1.069.196 usuarios que requieren la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos.
La primera etapa dará prioridad a pacientes con condiciones que pueden representar mayores riesgos para su salud, entre ellos personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, EPOC, asma y otras patologías que requieren tratamientos continuos. También están contempladas mujeres gestantes que necesitan atención esencial.
Así funcionará la estrategia
El Gobierno estableció una ruta de atención basada en cuatro pasos. Primero se identificará a cada paciente y el servicio que tiene pendiente. Después se determinará el medicamento o procedimiento requerido y la entidad responsable de garantizarlo.
El tercer paso estará relacionado con la gestión de los recursos necesarios para destrabar la atención. Finalmente, las autoridades harán seguimiento a cada caso hasta verificar que el medicamento haya sido entregado o que el procedimiento se haya realizado.
De acuerdo con el Ejecutivo, la primera fase contempla a más de 700.000 usuarios que esperan medicamentos y a más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.
Medidas para respaldar el plan
Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigido a las EPS, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año para las atenciones incluidas en esta primera etapa.
La administración señaló que los recursos estarán sujetos a controles y que el mecanismo no busca reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados.
Para supervisar la utilización de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones, se conformará una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
El Gobierno también indicó que las EPS mantendrán la responsabilidad permanente de garantizar la atención de sus afiliados y que el plan constituye una medida extraordinaria para resolver los servicios que se encuentran represados.
La decisión se conoce después de que la Superintendencia Nacional de Salud reportara más de 1,2 millones de reclamos entre enero y julio de 2026. Según las cifras presentadas por el Gobierno, el 92 % de estas reclamaciones estuvo relacionado con dificultades para acceder a servicios y tecnologías en salud.
