Documentos obtenidos por Noticias RCN revelan que la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó al gobierno de Daniel Ortega la renovación de la residencia de Carlos Ramón González el 21 de mayo, justo cuando la Fiscalía lo imputaba por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. Gobierno Petro gestionó residencia en Nicaragua para prófugo Carlos Ramón González.
El exdirector del Dapre, considerado la mano derecha de Gustavo Petro y señalado como pieza clave en el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), vive en Nicaragua desde noviembre de 2024. El trámite diplomático buscaba garantizar su permanencia legal, a pesar de que en Colombia ya enfrentaba una orden de captura inminente.
Silencio en Cancillería y dudas sobre apoyo oficial
La solicitud, firmada por el embajador encargado Óscar Iván Muñoz, pedía al Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua renovar la residencia “del compañero González”. El documento fue respondido ese mismo día por las autoridades nicaragüenses, autorizando el trámite a cambio de un pago de 56 dólares.

La excanciller Laura Sarabia negó haber tenido conocimiento de las gestiones, aunque en ese momento ejercía como ministra de Relaciones Exteriores. Desde la Cancillería no se ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras crece la polémica sobre si el Gobierno facilitó la fuga de un imputado por corrupción.
Te puede interesar: Juan Carlos Florián asume como “ministra” de Igualdad y responde a críticas
Orden de captura, pero sin circular roja
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura de González el 3 de julio, alertando sobre su capacidad de evadir la justicia por su alto perfil político y recursos. Sin embargo, la Fiscalía no ha solicitado circular roja de Interpol, lo que le permite moverse libremente fuera de Colombia.
Acepto la renuncia de Carlos Ramón director de la Dirección de Inteligencia Nacional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2024
Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país.
Para tranquilidad de fiscales y jueces, para…
Según la investigación, González habría ordenado pagos por 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, para garantizar apoyo a proyectos del Gobierno. Los sobornos salieron de contratos de carrotanques destinados a La Guajira, en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual mandato.



