Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, tiene todos los papeles listos en Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. En suelo norteamericano, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, será juzgado por delitos relacionados con narcotráfico, tras quedar nombrado en una investigación que vincula envíos de cocaína con ayuda de las disidencias de las Farc.
El acto administrativo que da vía libre a la extradición de Córdoba fue firmado por el presidente Gustavo Petro. Era quien tenía la última palabra en Colombia, luego de que el pasado 17 de agosto la Corte Suprema de Justicia diera vía libre al trámite de traslado. El filtro de la alta corte benefició a Córdoba, dado que en el trato quedó firmado que el hermano de la senadora no podrá ser procesado por supuesta posesión de ametralladoras, como lo solicitó la corte neoyorquina.
Álvaro Córdoba fue acusado formalmente en Estados Unidos el pasado 24 de febrero. Entonces, la justicia estadounidense se comprometió a condenarlo por tres cargos: concierto para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos tales armas. La investigación señala que Córdoba sería miembro de la organización criminal a la cual le siguen los pasos desde julio de 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.
Los socios de Córdoba, establece la acusación, serían Alberto Alonso Jaramillo, alias ‘Alonso Héctor’, y Libia Amanda Palacio, reseñada como ‘Amanda’. Dentro de la investigación reposa la declaración jurada del agente especial de la DEA Maethew Passmore, quien reveló el nombre de un personaje denominado “CS-1″, el cual buscaba lugar para trabajar en Colombia a gran escala.
Durante una conversación grabada, al parecer legalmente, Córdoba quedó reseñado como posible “padrino” e incluso habría dicho que, aunque no tenía experiencia en “el sector”, tenía “amigos que conocían muy bien el sector”. Para entonces, se hablaba de 3.000 kilos de cocaína por mes.
Ahora, el gobierno Petro deberá notificar a la defensa judicial de Álvaro Córdoba, la cual tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso que frene el traslado. “En firme la decisión, se procede a solicitar, en este caso, a EE. UU., a través de la Cancillería, las garantías de que la persona solicitada en extradición no será sometida a penas que no estén contempladas en las leyes de Colombia, como la cadena perpetua, y que se le respetarán derechos humanos”, agregó el Ministerio de Justicia.