En el marco de la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro destinó $3.000 millones al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mediante un convenio orientado a la preservación, protección y fortalecimiento de los saberes ancestrales de los pueblos originarios del suroccidente colombiano.
El acuerdo, gestionado a través del Ministerio de las Culturas y otras entidades del Ejecutivo, contempla acciones concretas para fortalecer las escuelas de formación propia, apoyar procesos de documentación oral e intergeneracional, y promover la articulación entre los sistemas de conocimiento indígena y el sistema educativo nacional.
Según explicó un vocero del Gobierno, los recursos no son una “compra de saberes”, como se ha malinterpretado en redes sociales, sino una inversión pública en el marco de los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el capítulo étnico.
Desde el CRIC se destacó que este tipo de apoyos permiten avanzar en la autonomía educativa, cultural y espiritual de las comunidades, y son parte de la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con los pueblos indígenas.
“La memoria, la medicina tradicional, el cuidado de la Madre Tierra y la palabra de nuestros mayores no tienen precio, pero sí requieren recursos para protegerse frente a la amenaza del olvido y la homogenización cultural”, expresaron desde el Consejo Regional.
El convenio se suma a otras iniciativas que buscan impulsar el diálogo intercultural y el reconocimiento de Colombia como un país plurinacional y diverso. No obstante, sectores políticos de oposición han cuestionado la destinación de los recursos, alegando falta de claridad sobre su impacto directo.
La Contraloría General de la República anunció que realizará seguimiento preventivo a la ejecución del convenio, como parte de sus funciones de control fisca
