Colombia enfrenta un nuevo choque diplomático con Estados Unidos luego de que la Casa Blanca anunciara la descertificación del país en materia de lucha contra las drogas, una medida que en la práctica implica un fuerte cuestionamiento político y podría tener repercusiones en la cooperación internacional. Washington argumentó que el incremento de los cultivos ilícitos de coca y la reducción en la erradicación sustentan la decisión, pero en Bogotá las autoridades y diversos analistas consideran que la medida carece de justificación técnica y responde más bien a un interés político.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en que los resultados operativos son contundentes y que se desconocen los avances más significativos de los últimos años. Datos oficiales muestran que entre agosto de 2022 y mayo de 2025 se incautaron más de 2.289 toneladas de cocaína, mientras que solo en 2024 fueron decomisadas 848,5 toneladas, un 14 % más que en 2023. A estas cifras se suman los reportes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional que confirman que en lo corrido de 2025 se han incautado más de 300 toneladas de cocaína, la cifra más alta de los últimos 20 años para este periodo.
Estas operaciones, desarrolladas en mares, ríos y zonas selváticas, han golpeado con fuerza las rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, desarticulando laboratorios y afectando directamente la capacidad financiera de las organizaciones criminales. Ante este panorama, desde el Palacio de Nariño se percibe la decisión como una represalia política que ignora los golpes certeros que semanalmente se propinan al narcotráfico. Para el gobierno colombiano no tiene sentido que, con cifras récord en incautaciones y decomisos, se cuestione el compromiso del país, cuando lo que está en juego es una disputa de intereses que trasciende los números y pone de relieve las tensiones crecientes entre Bogotá y Washington.
