«Gobierno no usará ahorros pensionales para pagar bono, desmiente el Presidente: ‘El recurso presupuestal ya está'».

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El presidente de la República desmintió que el Gobierno vaya a utilizar los ahorros pensionales de los trabajadores de alto riesgo para financiar el bono pensional destinado a adultos mayores sin pensión. Aclaró que los recursos para este programa ya están garantizados en el presupuesto nacional, tanto para este año como para el próximo.

La polémica surgió tras versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, especialmente por RCN y otros medios tradicionales, en las que se aseguraba que Colpensiones recurriría a dichos ahorros. El mandatario respondió a través de su cuenta en X, calificando estas informaciones como “mentiras” promovidas por los dueños de las administradoras de fondos privados y reiteró que no se tocarán los ahorros de los trabajadores.

Explicó que existe una norma vigente desde hace 35 años que ordena la transferencia de fondos de trabajadores de alto riesgo desde las administradoras privadas hacia Colpensiones, dado que las pensiones en ese régimen suelen superar el valor de los ahorros, y solo el Estado puede asumir ese riesgo. Según él, la oposición de los fondos privados a cumplir con esta obligación responde a un interés por retener recursos que necesitan para mantener su liquidez, ya que sus egresos pronto superarán sus ingresos.

El mandatario también advirtió que, de no aprobarse la reforma pensional, los fondos privados podrían quebrar. Criticó además a un juez al que acusó de frenar la reforma por razones ideológicas, lo cual —en sus palabras— no solo obstaculiza la financiación de los adultos mayores más pobres, sino que también acelera la crisis de los fondos privados.

Finalmente, el presidente fue enfático en que los recursos presupuestales para garantizar el bono mensual de $230.000 a más de tres millones de adultos mayores sin pensión ya están disponibles. Hizo un llamado a los medios de comunicación y a las administradoras privadas de pensiones a “dejar de mentir” sobre el origen de los fondos y a respetar las normas existentes.

La controversia se desarrolla en medio del debate sobre la reforma pensional, que enfrenta al Gobierno con el sector privado de pensiones.


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