Gobierno Nacional revoca la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz a través de resolución oficial

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En una decisión de alto impacto político y judicial en el país, el Gobierno Nacional emitió una resolución oficial mediante la cual ordena retirar de manera inmediata la designación de Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como gestor de paz. La medida deja sin efecto el rol que se le había otorgado al excomandante para adelantar tareas de facilitación en los procesos de paz y desarme en el territorio nacional.

La revocatoria marca un giro sustancial en las políticas de articulación de la paz total y genera un amplio debate en los sectores jurídicos y políticos sobre los alcances y límites de los gestores de paz designados por el Ejecutivo.

El estatus de gestor de paz otorgado a Mancuso buscaba que el exlíder paramilitar contribuyera a la consecución de la verdad, la reparación de las víctimas del conflicto armado y la facilitación de acercamientos con otros grupos al margen de la ley. Sin embargo, con la expedición de esta nueva resolución, las condiciones operativas y los beneficios administrativos asociados a dicho rol quedan formalmente cancelados.

Mancuso ya no podrá actuar como intermediario oficial del Gobierno en labores de paz o diálogos comunitarios.

La decisión se fundamenta en la evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas y la necesidad de ajustar las estrategias del Estado frente a los postulados de Justicia y Paz.

El exjefe de las AUC deberá continuar respondiendo prioritariamente ante los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los tribunales ordinarios.

Diversas organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han reaccionado ante la expedición del decreto, solicitando que este cambio de postura gubernamental no entorpezca la entrega de información pendiente sobre fosas comunes y personas dadas por desaparecidas durante el auge paramilitar.

Por su parte, los apoderados de Mancuso se encuentran analizando los alcances jurídicos de la resolución firmada por el Ejecutivo para determinar los recursos o acciones que interpondrán ante las autoridades competentes.


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