Las comunidades del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, se vieron nuevamente decepcionadas por el incumplimiento del Gobierno Nacional, que no asistió a la audiencia programada para tratar la situación de derechos humanos en esta región. A pesar de los acuerdos previos, las delegaciones del Gobierno no llegaron a la cita, dejando a las comunidades en medio de un conflicto prolongado y con un sentimiento de abandono. Estas comunidades, que han sido objeto de señalamientos, han esperado por largo tiempo una respuesta que permita construir soluciones reales a las problemáticas que enfrentan.
La audiencia pública, que se iba a realizar en la vereda La Paz, en el corregimiento de La Hacienda, municipio de Argelia, fue suspendida debido a la falta de apoyo por parte del Ministerio de Defensa, lo que impidió la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y otras delegaciones gubernamentales. Las comunidades, que habían hecho esfuerzos para organizar este evento, expresaron su frustración al ver que, una vez más, se les dejaba esperando sin una respuesta concreta por parte del Estado.
Las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades del Cañón del Micay son una constante en la región, en un contexto donde el conflicto armado y los señalamientos hacia los habitantes del territorio siguen siendo una preocupación. Juan Pablo Salazar, líder social de la región, expresó a través de sus redes sociales un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que priorice el diálogo con las comunidades del Cañón del Micay. «Hacemos un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que priorice el diálogo con las comunidades en el Cañón del Micay, quienes han estado en disposición de dialogar y apuestan por la transformación territorial para la construcción de La Paz con justicia social y ambiental», destacó Salazar, subrayando la disposición de las comunidades para trabajar por la paz y el desarrollo integral de su región.
El incumplimiento por parte del Gobierno Nacional refleja una vez más la desconfianza que las comunidades sienten frente a las promesas oficiales de atención y resolución de sus problemas. Las organizaciones sociales y comunitarias del Cañón del Micay continúan exigiendo que el Gobierno cumpla sus compromisos y brinde las garantías necesarias para avanzar en la construcción de un proceso de paz real y duradero, que contemple no solo el cese de la violencia, sino también la justicia social y ambiental que tanto demandan las poblaciones más vulnerables de la región.
