Foto: Ministerio de Defensa
Con un enfoque integral en la prevención, la gestión del riesgo de desastres y la promoción del cuidado ambiental frente al cambio climático, un grupo compuesto por 60 comparecientes de la Fuerza Pública, que han rendido su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), impulsará un innovador proyecto de justicia transicional y restaurativa. Esta iniciativa, diseñada por el sector Defensa, busca beneficiar a las comunidades que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado en Colombia, al ofrecerles una alternativa para la reconstrucción de su tejido social y el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar futuros desafíos relacionados con desastres naturales y el cambio climático.
La propuesta fue presentada por Raúl Alfonso Gutiérrez, Secretario General encargado del Ministerio de Defensa, durante una reciente audiencia en Medellín, organizada por la JEP. En dicho evento, se abordaron temas clave relacionados con el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los comparecientes. La audiencia también contó con la presencia de víctimas y excombatientes, especialmente aquellos que formaron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Cinco (Afeur), quienes participaron activamente en el evento, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre el proceso de justicia.
El proyecto, que ha sido diseñado para impactar positivamente en las comunidades más vulnerables, será respaldado por una sólida alianza internacional, que incluye cooperación financiera y técnica de diversos actores globales. Entre los principales socios se encuentran el Gobierno de Suecia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec). Este apoyo internacional garantiza no solo la viabilidad económica del proyecto, sino también un enfoque técnico adecuado para asegurar su efectividad. La implementación del proyecto se llevará a cabo en tres importantes ciudades colombianas: Medellín, Cúcuta y Bogotá, con un inicio previsto para la tercera semana de 2025. La duración del proyecto será de ocho meses, y se dividirá en dos fases principales. En su segunda fase, se incorporará la participación activa de la Defensa Civil Colombiana, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia y garantizar la continuidad de las acciones en el largo plazo.
Martín Nieto, director de la Defensa Civil Colombiana, explicó que uno de los primeros pasos del proyecto será realizar un diagnóstico detallado en las comunidades afectadas por el conflicto, con el fin de identificar los riesgos más significativos que enfrentan las víctimas y las poblaciones vulnerables. A partir de este diagnóstico, se procederá a capacitar a los comparecientes como guías comunitarios especializados en la gestión del riesgo de desastres y en el cuidado del medio ambiente. Estos guías jugarán un papel fundamental en la articulación de las comunidades, promoviendo la prevención, sensibilización y reducción de riesgos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres y situaciones de emergencia. La formación de estos guías comunitarios tiene un doble propósito: por un lado, facilitar la integración de los comparecientes en procesos de reconciliación y, por otro, dotar a las comunidades de herramientas prácticas para enfrentar riesgos tanto naturales como sociales.
Este proyecto es visto como una iniciativa pionera dentro del sector defensa, pues representa un esfuerzo para transformar las relaciones entre los comparecientes, las víctimas del conflicto y las comunidades. Su principal objetivo es contribuir al proceso de paz y reconciliación nacional, al tiempo que busca reconstruir el tejido social de las comunidades que han sufrido las secuelas del conflicto armado. El Ministro de Defensa ha subrayado que este es un proyecto innovador que no solo tiene un enfoque humanitario, sino también un enfoque sostenible, ya que integra el cuidado del medio ambiente y la prevención de riesgos derivados del cambio climático como elementos clave de su estrategia.
Además, el proyecto tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la justicia restaurativa y transicional en Colombia. En este contexto, se busca que el Sector Defensa, a través de esta iniciativa, establezca un precedente para futuros proyectos de esta naturaleza, que puedan replicarse en otras regiones del país, especialmente en aquellas que continúan enfrentando las secuelas del conflicto armado. La iniciativa también contribuirá a la creación de una capacidad instalada en el sector defensa, que permita abordar de manera más eficiente los desafíos de las comunidades afectadas y mejorar la respuesta del Estado ante situaciones de crisis y emergencia.
En definitiva, esta acción no solo responde a una necesidad urgente de intervención en las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, sino que también representa un esfuerzo transformador por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la construcción de una paz sostenible. A través de la implementación de este modelo, se espera generar un impacto positivo duradero, promoviendo una reconciliación verdadera, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las responsabilidades de todos los actores involucrados. Con ello, el gobierno busca abrir nuevas puertas hacia una paz duradera, la reconstrucción del tejido social y la superación de los efectos del conflicto en las comunidades más afectadas.
