El Ministerio de Defensa calificó como «terroristas» a los responsables del atentado con carro bomba en Cali, atribuido a estructuras narcotraficantes vinculadas a disidencias de las FARC. Esta nueva categorización no solo busca enfatizar la gravedad de los hechos, sino también marcar un cambio en la estrategia oficial frente a estos grupos armados. Con este lenguaje, el Gobierno deja claro que ya no los considera actores con posibilidad de diálogo político, sino enemigos del Estado cuya única vía será la persecución judicial y militar.
Más allá del impacto simbólico, esta decisión endurece el enfoque institucional y limita la posibilidad de escenarios de negociación o sometimiento colectivo bajo condiciones especiales. La narrativa oficial se alinea con una presión social creciente para que se responda con contundencia ante hechos violentos como el ocurrido en Cali, que dejó varias víctimas y sembró el miedo entre la ciudadanía. El uso del término «terrorismo» también busca facilitar alianzas y cooperación internacional para combatir a estos grupos desde una perspectiva más global.
