El Gobierno del Cambio, encabezado por el presidente Gustavo Petro, consolidó en 2025 una política histórica de continuidad en la alimentación escolar, asegurando por tercer año consecutivo que millones de estudiantes recibieran apoyo nutricional incluso durante los recesos académicos. En este periodo, se entregaron 2,5 millones de canastas alimentarias, una medida que evita la interrupción del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tradicionalmente suspendido durante vacaciones, afectando especialmente a los menores más vulnerables.
La inversión destinada para esta operación superó los $253.000 millones, focalizándose en territorios con altos índices de inseguridad alimentaria, con prioridad en zonas rurales, indígenas, campesinas y municipios con dificultades históricas de acceso estatal. La intervención se desarrolló en 10 departamentos: Nariño, Caquetá, Bolívar, Putumayo, Cesar, Meta, Chocó, Risaralda, Vaupés y Norte de Santander. De los municipios priorizados, solo Cúcuta —capital fronteriza— fue incluida, un hecho inusual dado que la estrategia se enfocó principalmente en poblaciones excluidas y apartadas.
Entre los municipios atendidos destacan Tumaco, Barbacoas, Solano, San Pablo, Puerto Asís, Río de Oro, Mapiripán, Mistrató y Mitú, varios de ellos ubicados en zonas catalogadas en conmoción interior o con presencia histórica de conflicto. Para asegurar la cobertura, el Gobierno articuló esfuerzos con rectores de instituciones educativas, supervisores del PAE, cabildos indígenas, juntas de acción comunal y alcaldías locales, lo que permitió llegar a regiones donde antes el Estado casi no tenía presencia efectiva.
En 2025, las canastas alimentarias fueron rediseñadas para mejorar su calidad, valor nutricional y pertinencia cultural, teniendo en cuenta los productos disponibles y consumidos en cada región. El propósito fue que los hogares tuvieran alimentos suficientes y adecuados para preparación en casa, evitando que el fin del calendario escolar aumentara el riesgo de desnutrición en los menores.
Como complemento, el Gobierno, en coordinación con el ICBF, distribuyó más de 400.000 bolsas de bienestarina, reforzando la alimentación de niños, niñas y adolescentes en el cierre del año académico. Esta combinación de apoyos busca convertir la seguridad alimentaria infantil en una política permanente y no en un beneficio limitado al periodo escolar presencial.
El impacto de la estrategia es significativo: por primera vez en un cuatrienio, la entrega de canastas se ha mantenido sin interrupción en todos los recesos académicos del año, priorizando familias vulnerables para quienes vacaciones suelen representar un incremento en los gastos de alimentación y un mayor riesgo nutricional. La medida marca un cambio estructural: la alimentación escolar deja de depender del calendario escolar y pasa a funcionar como una política pública estable, continua y orientada a reducir la desigualdad.
