El gobierno de Gustavo Petro en Colombia prometió en 2022 un cambio radical en la política de drogas, incluyendo la regulación de mercados de drogas y la protección de familias campesinas, pero enfrenta grandes desafíos a medida que se acerca el final de su mandato. A pesar de la adopción de una Política Decenal de Drogas basada en derechos humanos, la implementación de cambios significativos ha sido lenta y enfrenta obstáculos judiciales.
La Ley de Utilidad Pública, que busca alternativas al encarcelamiento para mujeres involucradas en delitos menores de drogas, también ha tenido una aplicación limitada. Además, aunque se suspendieron las aspersiones de glifosato, no se ha prohibido su uso, dejando a las comunidades rurales vulnerables. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos no ha cumplido sus promesas, llevando a continuas crisis de seguridad y producción de cocaína.
