A apenas 40 días de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República de Colombia, la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha elevado de manera evidente. El presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han vuelto a activar la narrativa del “bloqueo institucional” para denunciar que proyectos clave de la agenda de Gobierno —como la Ley de Financiamiento y la Reforma a la Salud— no avanzan por demoras deliberadas en su debate legislativo.
El Ejecutivo expresa preocupación porque la falta de avance podría dejar varias de sus iniciativas sin aprobación antes de que cierre la legislatura, lo que impactaría sus prioridades sociales y económicas. Por su parte, congresistas de diversas bancadas señalan que no se puede ignorar la independencia del Legislativo, y que los tiempos no se ajustan únicamente al calendario del Gobierno.
Este impasse pone en evidencia un choque de poderes: mientras el Gobierno reclama agilidad para materializar su plan de reformas, el Congreso demanda diálogo, claridad en las fuentes de financiación y garantías de que los debates sean completos y transparentes. La cuenta regresiva ha comenzado, y el resultado marcará la capacidad de las instancias públicas para responder al ritmo de transformación que plantea el Ejecutivo.
