El Gobierno colombiano creó un nuevo mecanismo independiente para esclarecer lo ocurrido durante las protestas sociales que sacudieron al país entre 2019 y 2021, un periodo marcado por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. A través del Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro estableció un Comité de Expertos Ad hoc, cuyo propósito será reconstruir los hechos, identificar patrones de violencia y formular recomendaciones institucionales, sin funciones judiciales ni punitivas.
El decreto responde a un reclamo de organizaciones sociales, víctimas y organismos internacionales que, durante años, han insistido en la necesidad de una revisión independiente sobre los abusos cometidos en el contexto del Paro Nacional. Durante esas jornadas se reportaron abusos policiales, desapariciones temporales, detenciones arbitrarias, agresiones, uso excesivo de la fuerza e incluso casos de violencia sexual, situaciones que dejaron profundas heridas sociales y desconfianza hacia las instituciones.
A diferencia de otras iniciativas, el Comité no estará integrado por delegados del Gobierno, sino por tres expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos, que serán postulados por organizaciones sociales y elegidos por tres entidades garantes: la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. El Ministerio del Interior asumirá los contratos y, junto con el Ministerio de Justicia, financiará un equipo técnico de nueve profesionales. El Comité trabajará hasta el 31 de julio de 2026.
Su labor se centrará en tres ejes fundamentales:
- Reconstruir los hechos: revisar documentos, videos, testimonios, reportes oficiales y registros ciudadanos para identificar patrones en las violaciones a los derechos humanos.
- Establecer posibles responsabilidades u omisiones institucionales: sin actuar como juez, el Comité señalará actuaciones u omisiones de agentes estatales y particulares que pudieron permitir, apoyar o tolerar abusos.
- Formular recomendaciones: proponer medidas para evitar la estigmatización y criminalización de la protesta, mejorar protocolos de uso de la fuerza y garantizar el respeto a quienes se movilizan.
Un elemento central del decreto es la transparencia: el informe final será público y deberá ser presentado directamente por el presidente ante la ciudadanía. Además, todas las entidades del Estado deberán entregar la información solicitada sin reservas ni restricciones, garantizando un acceso pleno a los expedientes necesarios.
Este Comité no resolverá por sí solo los conflictos sociales ni reemplazará a la justicia, pero constituye un paso significativo para reconstruir la confianza y clarificar lo que realmente ocurrió durante uno de los periodos de movilización más intensos y dolorosos en la historia reciente del país. Para muchas víctimas y organizaciones sociales, este es el inicio de un proceso largamente esperado para reconocer las afectaciones, evitar la repetición y avanzar hacia una comprensión más profunda de las fallas institucionales que marcaron aquellos años.
