El pasado 21 de agosto de 2025, Colombia fue estremecida por dos ataques coordinados:
- En Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado presuntamente con drones mientras participaba en labores de erradicación de cultivos ilícitos. Resultado: al menos 12 policías muertos y varios heridos.
- En Cali, un vehículo con cilindros bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando entre seis y siete muertos y decenas de heridos.
Estos atentados fueron atribuidos principalmente al Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC, mientras las autoridades señalaron como partícipes también a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo.
Decisión presidencial: calificación como terrorismo
Ante los hechos, el presidente Gustavo Petro anunció que los tres grupos mencionados serían clasificados como organizaciones terroristas, integrantes de lo que denominó la “Junta del Narcotráfico”. Dijo:
“Son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.
La vicepresidenta Francia Márquez consideró los atentados como actos “cobardes y criminales”.
Reacciones internas y externas
- El gobierno activó recompensas por información que conduzca a los responsables, reforzó medidas de seguridad y baraja incluso declarar un estado de conmoción interior.
- La Embajada de Estados Unidos en Bogotá condenó los ataques, expresó solidaridad con las víctimas y reafirmó su apoyo a Colombia en su lucha contra el terrorismo.
- En el panorama político interno, líderes como Sergio Fajardo criticaron la estrategia de “paz total” y exigieron mayor firmeza del Estado para garantizar seguridad.
Contexto histórico y situación actual
Colombia enfrenta una nueva fase de su conflicto armado, más fragmentado y profundo. Las disidencias armadas han expandido su control territorial y su capacidad violenta, acumulando ingresos del narcotráfico, la minería ilegal y otros crímenes durante años.
En las regiones del Catatumbo, Cali, el Cauca y otras zonas, la violencia se ha intensificado con desplazamientos masivos, secuestros y atentados de alto impacto, mientras la política de “paz total” enfrentaba retrocesos críticos.
