El Gobierno alista una ambiciosa reforma al régimen tarifario de la energía eléctrica. El proyecto, que consta de diez artículos, se presentará en la próxima legislatura del Congreso y propone cambios profundos en la forma como se calculan, aplican y regulan las tarifas del servicio público. Gobierno busca reformar tarifas de energía: gremios advierten riesgos y sobrecostos.
Entre los puntos más polémicos está el traslado de la deuda por opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 hacia los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como a clientes comerciales e industriales. Según el Ministerio de Minas, esta medida busca garantizar equidad, sostenibilidad y eficiencia.
La propuesta también plantea modificar las reglas de la Creg, aplicar subsidios basados en consumo real y limitar cobros ajenos al servicio en la factura. El Gobierno argumenta que estas medidas buscan aliviar los costos para los hogares más vulnerables.
Gremios energéticos advierten retrocesos en sostenibilidad del sistema
Doce gremios del sector energético, entre ellos Andesco, Acolgén y Asocodis, expresaron su preocupación en una carta enviada al ministro Edwin Palma. Aseguraron que el proyecto, en su forma actual, no logrará reducir las tarifas y podría generar efectos negativos para millones de usuarios.
Los gremios consideran que la medida es regresiva, ya que transfiere cargas financieras a una población minoritaria y genera distorsiones en el mercado. Además, afecta a quienes ya pagaron sus obligaciones, pues tendrían que asumir también las de otros.
“El texto plantea reglas retroactivas que alteran el marco legal vigente. Se necesitan soluciones técnicas, no reformas estructurales con alto impacto político”, señalaron.
También cuestionaron la inclusión de nuevos perfiles dentro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Según ellos, esta apertura puede afectar la objetividad y experiencia técnica necesarias para decisiones regulatorias.
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Subsidios, facturas y fórmula tarifaria también cambiarían
Además del traslado de la deuda, el borrador del proyecto incluye cambios en la aplicación de subsidios. Se propone que estos no dependan del estrato socioeconómico, sino del consumo real y la capacidad de pago de los beneficiarios. Para ello, el Gobierno impulsará un Registro Universal de Ingresos (RUI) que permita mayor focalización.
También se busca eliminar tasas e impuestos ajenos en las facturas de energía, para que el valor refleje únicamente el consumo. Los ajustes a las fórmulas tarifarias tendrían una vigencia de cinco años, pero con posibilidad de modificaciones excepcionales, lo cual genera incertidumbre entre empresas y usuarios.
Los gremios insisten en que la reducción de tarifas debe basarse en un análisis riguroso, con evidencia y diálogo técnico. Proponen alternativas como mejorar la eficiencia operativa, promover la generación limpia y garantizar pagos oportunos de subsidios por parte del Estado.
