En medio de las protestas registradas en varios municipios del Cauca contra el regreso de las fumigaciones con glifosato, el Gobierno nacional envió un mensaje a las comunidades y aseguró que sus acciones no están dirigidas contra la población civil. El pronunciamiento se dio durante una visita oficial de altos funcionarios de los ministerios del Interior y Defensa al departamento.
Durante el fin de semana, una comitiva integrada por el viceministro del Interior, Gabriel Rondón; la consejera presidencial para las regiones, Luz María Munera, y el viceministro de Defensa encargado, Juan Francisco Amézquita, estuvo en Popayán con el objetivo de evaluar la situación de orden público, atender la crisis humanitaria y revisar los compromisos del Estado en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales.
Las declaraciones se producen en un contexto de movilizaciones campesinas en municipios como Argelia, El Tambo, El Patía y Balboa, donde miles de familias dependen de los cultivos de coca como principal fuente de sustento. Las manifestaciones surgieron tras el anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de retomar el uso de glifosato mediante aspersión terrestre controlada con drones, como parte de la estrategia contra los cultivos ilícitos.
Frente a este escenario, el viceministro Gabriel Rondón hizo un llamado directo a los manifestantes y aseguró que el Ejecutivo actúa dentro del marco constitucional y con el objetivo de proteger a la población. “El Gobierno no es enemigo de la ciudadanía. Nuestro deber es garantizar la vida y los derechos de las comunidades. Los verdaderos enemigos son los grupos armados ilegales que buscan someter a la población para fortalecer economías de muerte”, afirmó el funcionario.
Rondón también advirtió que, pese a las protestas, el Estado no suspenderá las acciones de seguridad en el territorio. Según explicó, el trabajo se viene desarrollando de manera articulada con las autoridades locales y con acompañamiento de distintas entidades nacionales, en un intento por recuperar el control institucional en zonas altamente afectadas por la violencia.
Durante la visita, los funcionarios participaron en reuniones con autoridades departamentales y municipales para hacer seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno frente a la crisis estructural del Cauca. El viceministro del Interior reconoció que existen dificultades en la ejecución de algunos programas y señaló que se está revisando el nivel de cumplimiento para destrabar “cuellos de botella” en áreas clave.
De acuerdo con Rondón, el enfoque del Gobierno busca dividir la atención en dos frentes: la respuesta humanitaria inmediata y la inversión pública a mediano y largo plazo. Esta última incluye proyectos en infraestructura vial, salud, educación y fortalecimiento del sector agropecuario, con el fin de ofrecer alternativas legales y sostenibles a las comunidades rurales.
Las dificultades para atender la crisis humanitaria se han visto agravadas por el recrudecimiento de la violencia en varias zonas del departamento, situación que ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo. Uno de los puntos más críticos es el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, donde persisten enfrentamientos y una fuerte presencia de grupos armados ilegales.
Por su parte, el viceministro de Defensa (e), Juan Francisco Amézquita, reiteró que la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca no es negociable y subrayó que todas las capacidades institucionales están orientadas a proteger a la población civil y restablecer el orden en el territorio.
