En un paso significativo para enfrentar la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo, en Norte de Santander, el Gobierno colombiano ha presentado un plan integral de sustitución de cultivos de coca. Durante el consejo de ministros televisado este lunes, la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, detalló la nueva medida, que tiene como objetivo ofrecer un apoyo económico mensual equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, es decir, alrededor de 1.280.000 pesos colombianos, a los campesinos que decidan erradicar sus cultivos ilícitos y optar por alternativas productivas legales.
El plan forma parte del decreto de conmoción vigente y busca mitigar la violencia y garantizar la soberanía en el territorio, que ha sido históricamente afectado por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. Según Miranda, el Catatumbo concentra una porción significativa de los cultivos ilegales de coca en Colombia, con 43 mil hectáreas registradas por la ONU en el último informe, cifra que ha aumentado recientemente a 53 mil hectáreas.
La funcionaria también señaló que más de la mitad de estos cultivos están ubicados en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, los cuales serán priorizados en el proceso de sustitución. «El pago mensual de 1.280.000 pesos se realizará durante doce meses y servirá como un apoyo económico para cubrir las necesidades básicas de los campesinos mientras se consolida una nueva economía legal en la región», explicó.
El plan no se limita solo a la entrega de subsidios, sino que también contempla la implementación de proyectos productivos valorados entre 15 y 20 millones de pesos. Estos proyectos estarán orientados a la diversificación de la economía local, con especial énfasis en el apoyo a las mujeres, particularmente a las madres cabeza de familia, y a iniciativas asociativas.
Uno de los pilares de la estrategia es transformar completamente el circuito económico de la región. Esto incluye la producción, logística de transporte y comercialización de los nuevos productos agrícolas, con el respaldo de entidades del sector financiero como el Banco Agrario, que ofrecerá créditos con períodos de gracia de hasta cinco años.
El Gobierno ha solicitado al Ministerio de Hacienda una asignación de 362 mil millones de pesos para financiar este plan, de los cuales 152 mil millones se destinarán a los pagos por erradicación de cultivos ilícitos, y 178 mil millones a la implementación de proyectos agrícolas legales. La medida representa un esfuerzo por garantizar una transición efectiva hacia una economía basada en cultivos legales, buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Catatumbo y asegurar la paz y la estabilidad en la región.
