El 7 de diciembre pasado, el Gobierno nacional emitió el decreto 2114 de 2023, revocando así el decreto 1844 de 2018, que otorgaba facultades a la fuerza pública para supervisar la venta y posesión de sustancias, mientras prohibía la tenencia y comercialización de drogas ilícitas.
En palabras del decreto derogado, «el Decreto 1844 de 2018 adicionó el capítulo 9 del título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, ‘Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa’, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo relacionado con la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o drogas o sustancias prohibidas».
Vale la pena señalar que el decreto de 2018 establecía un procedimiento para imponer medidas correctivas por infracciones relacionadas con la posesión y tenencia de cantidades de sustancias psicoactivas determinadas como dosis personal por las normas vigentes.
En el documento de tres páginas, se expone que la decisión de derogar este decreto implica un cambio en el procedimiento que las autoridades policiales deben seguir frente a la comisión de una infracción por tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas. El decreto justifica esta medida en la necesidad de armonizar las obligaciones del Estado y cumplir con las convenciones internacionales en materia de drogas.
