Los mandatarios exigen al Gobierno nacional detener esta crisis humanitaria a través de acciones urgentes en contra del llamado paro armado del grupo guerrillero.
Luego de que el ELN decretara un paro armado en el Chocó por un supuesto acuerdo entre la fuerza pública y el Clan del Golfo, los gobernadores de Colombia a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazaron y condenaron el secuestro del departamento a manos del grupo guerrillero con el paro armado sobre el río San Juan que mantiene confinadas a más de 50 mil personas y que ya causó la muerte de una menor de un año de edad.
Para los mandatarios departamentales, “estas acciones de lesa humanidad son una clara violación no solamente al Derecho Internacional Humanitario, al derecho a la libre circulación por el territorio nacional, afectando gravemente la salud de sus habitantes y la tranquilidad de 10 municipios, sino al derecho a la educación de 22 mil alumnos de 38 instituciones”.
Los mandatarios regionales se unieron al clamor de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y exigen al Gobierno nacional detener esta crisis humanitaria a través de acciones urgentes y articuladas para garantizar la protección de la vida de todos los colombianos, la seguridad de los territorios y la atención que reclama el pueblo chocoano.
“Nuestro llamado es a tener verdaderas muestras de voluntad de paz, sin atentar contra la población, continuar con los espacios de negociación y diálogo que le permitan a Colombia vivir con paz y tranquilidad”, aseguraron.
El Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó desde el pasado 11 de agosto paro armado en el Chocó y advirtió este jueves de un supuesto acuerdo entre la fuerza pública y el Clan del Golfo, uno de los mayores grupos armados de todo el país.
El anuncio lo hizo por medio de un comunicado en el que apuntó que la grave situación humanitaria que se vive en este departamento se debe a la “colusión de las fuerzas militares y paramilitares del Clan del Golfo” que, supuestamente, tiene como objetivo destruir el tejido social y organizativo en los territorios.
