Enero 19 de 2026
Los gobernadores de distintas regiones del país reiteraron su desacuerdo frente al Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, el cual establece un incremento del 19 % en el Impuesto al Consumo de productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco. Según los mandatarios regionales, la medida no solo impacta directamente el bolsillo de los consumidores, sino que también reduce los recursos que reciben los departamentos, debilitando la autonomía financiera de las regiones.
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El tema fue abordado en una reunión entre los gobernadores y los ministros de Hacienda y del Interior, donde se expuso la preocupación por la disminución de las rentas cedidas constitucionalmente a los departamentos, recursos que históricamente han sido destinados a la financiación de sectores clave como salud, educación y deporte.
Los mandatarios coincidieron en que el decreto vulnera el principio de descentralización del Estado y anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional evaluar la legalidad de la medida. La petición incluiría una posible salvaguarda para licores y cigarrillos, así como una medida cautelar que suspenda temporalmente los efectos del aumento del impuesto mientras se estudia el fondo del decreto.
De acuerdo con los gobernadores, la reducción de ingresos pone en riesgo programas esenciales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y el financiamiento del régimen subsidiado de salud, especialmente en los departamentos con mayor dependencia de estas rentas.
Además, advirtieron que el incremento del impuesto al consumo se traducirá en un aumento significativo de los precios al consumidor, lo que podría incentivar el mercado ilegal y el contrabando de licores y cigarrillos, afectando tanto la economía formal como el recaudo fiscal esperado por el Gobierno nacional.
Los gobernadores insistieron en la necesidad de abrir un espacio de diálogo técnico y jurídico que permita encontrar un equilibrio entre las metas fiscales del Gobierno central y la sostenibilidad financiera de las regiones, sin poner en riesgo la garantía de derechos fundamentales para la población.
