La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, denunció que el Gobierno Nacional no le comunicó sobre el presunto plan de legalizar el polémico internado Gentil Duarte, construido por las disidencias de las FARC, y transferirlo al departamento. «Fue una sorpresa que el Gobierno haya visitado y decidido trasladar el colegio a la Gobernación del Meta, un colegio que, aunque le cambien el nombre, está construido por las disidencias de las FARC y fondos ilícitos del narcotráfico, la extorsión y los secuestros. Ahora, el Gobierno quiere que el departamento del Meta asuma los costos», advirtió la gobernadora.
Cortés agregó que «si el departamento del Meta lo acepta, sería hacer apología al delito».
Además, explicó por qué los departamentos no pueden invertir en la zona donde se encuentra el colegio Gentil Duarte: «Aquí hay 2.700 kilómetros en un proceso limítrofe entre Caquetá y Meta, el cual lleva varios años sin definirse (…) por eso las disidencias están controlando esa región, porque no se puede invertir mientras no se resuelva la situación». También afirmó que les han informado que quieren «establecer otros sitios en esta comunidad».
«No estamos estigmatizando a nadie, pero allí no podemos invertir debido al problema limítrofe, lo que genera una paralización en la inversión, ya que no sabemos si pertenece a Meta o Caquetá», insistió. La gobernadora también informó que han estado recordando al Gobierno Nacional que estos grupos armados están creciendo: «Estamos viendo el reclutamiento de menores y estamos muy preocupados por la situación de seguridad en esta área a la que los gobiernos no pueden acceder y están buscando un acercamiento e inversión con dinero ilícito».
Por lo tanto, agregó que desde el Gobierno departamental han comenzado a construir carreteras y escuelas, ya que «esa es la intención: ser más sociales, invertir más en esas áreas remotas».
«Este era un departamento que había recuperado la seguridad, pero la gente está volviendo a desplazarse y a salir de esas áreas porque la población civil está siendo utilizada por estos grupos y está enfrentando a la fuerza pública. Estamos en una situación delicada y compleja», afirmó la gobernadora Cortés.
Por eso, agregó que la decisión de avanzar en los permisos para la operación de la sede en los Llanos del Yarí, que lleva el nombre del exlíder del Bloque Central de las FARC, la tomó por sorpresa.
