Este fin de semana, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, denunció que la Fiscalía General de la Nación lo está sometiendo a una “persistente persecución” ante la CIDH.
A través de su abogado, solicitó una medida de adopción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington D.C., Estados Unidos, con la finalidad de que la investigación tome otro rumbo, según él, ceñido a la justicia.
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Hawkins esta siendo investigado por presuntas irregularidades de contratación en el marco de la emergencia por el Covid-19 en el año 2020. De igual forma, que habría suscitado en la suscripción de al menos 16 contratos de prestación de servicios por un valor de $ 240.551.122, los cuales se adelantaron con personas naturales para apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo.
El mandatario de los sanandresanos aseguró que buscan removerlo de su cargo porque él «se ha mostrado en contra de los intereses corruptos que se quieren tomar el Archipiélago como botín político y caja menor».
Señaló
“Quieren mi cabeza, quieren el cargo, quieren retomar el poder, porque no les sirvo allí a los clanes políticos que tenían en archipiélago como caja menor. Yo no he permitido que se desangren los recursos que se destinan para la isla, por eso quieren que me vaya de ahí»
Por el presunto caso de corrupción administrativa por el que es investigado Hawkins, un fiscal delegado solicitó ante la Corte Suprema de Justicia una audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el mandatario.
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La decisión se adoptaría por las posibles irregularidades en la suscripción de los contratos y cuya diligencia se desarrollará el próximo 27 de septiembre. Sin embargo, el gobernador Everth Hawkins advierte que todo «se trataría de una persecución de la Fiscalía», rechazando la medida de aseguramiento impuesta.
