En este caso se trata de Buanerges Rosero Peña, gobernador del departamento del Putumayo y que, en este caso, se encuentra vinculado a dos presuntos casos de corrupción, uno en manos de la Fiscalía General de la Nación y otro por parte del Tribunal Superior de Bogotá, cuestión que, según algunos expertos, podría ser peligroso para sus procesos penales.
Los casos
En primer lugar, el sindicado es investigado por presuntas irregularidades en los contratos relacionados a la pandemia del COVID-19. Al parecer el gobernador suscribió un contrato para la compra de 10 ambulancias medicalizadas con un valor superior a los $3 mil millones, pero la Fiscalía asegura que se dio un sobrecosto superior a los mil millones.
La nueva denuncia se trata de una funcionaria de la gobernación que denunció que Buanerges suscribió un contrato del Fondo de Seguridad Territorial en el que fueron desviados más de $6 mil millones de pesos que se gastaron en ventiladores y aires acondicionados y aseguró que ha recibido amenazas e intimidación por parte de Rosero Peña luego de que ella ordenara hacerle seguimiento a los recursos firmados por la gobernación cuando Rosero estaba suspendido de sus funciones.
La próxima semana el Tribunal tomará la decisión de dejar o no en libertad al gobernador de Putumayo mientras se llevan a cabo las indagaciones pertinentes.
