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El 26 de noviembre, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Caquetá ordenó imponer al gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a dos meses de salario mínimo mensual vigente, tras considerarse responsable de desacato de un fallo de tutela. Esta medida surge a raíz de una acción de tutela interpuesta por Benicio Labao, un empleado de la Secretaría de Educación Departamental, quien solicitó la liquidación de sus prestaciones sociales.
Labao, quien se desempeñaba en el área de servicios generales, había solicitado en diversas ocasiones la liquidación de sus prestaciones sociales, pero sus peticiones no fueron atendidas por la vía administrativa. Ante la falta de respuesta, Labao recurrió a la tutela como mecanismo para hacer valer sus derechos laborales.
El fallo de tutela
El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas emitió una orden clara y directa al gobernador Ruiz Aguilar, solicitándole que, en su calidad de autoridad departamental, enviara los actos administrativos correspondientes y cumpliera con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la tutela. Sin embargo, ni el gobernador ni la Secretaría de Educación respondieron a la solicitud del juzgado, lo que motivó la sanción por desacato.
El fallo de tutela, al no ser acatado dentro de los plazos establecidos, llevó al juzgado a tomar medidas drásticas, lo que incluyó el arresto del gobernador por tres días y una multa económica significativa.
Precedentes
La decisión tomada por el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales no solo tiene implicaciones legales para el gobernador Ruiz Aguilar, sino que también subraya la importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales, especialmente en asuntos laborales que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este fallo pone en evidencia la necesidad de que las autoridades locales actúen de manera diligente y respeten los fallos judiciales, particularmente cuando se trata de los derechos laborales de los empleados públicos.
La sanción al gobernador busca garantizar el cumplimiento de la ley y la justicia en el trato hacia los trabajadores, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables y dependen de las decisiones administrativas para recibir lo que por derecho les corresponde.