Mientras Colombia asume un papel protagónico en la diplomacia internacional con la cumbre CELAC-UE en Santa Marta, el país enfrenta al mismo tiempo importantes desafíos internos relacionados con la gobernabilidad, la seguridad y la implementación de la paz territorial.
A pesar de los avances institucionales, los informes recientes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa evidencian que la violencia en varias regiones continúa siendo motivo de preocupación.
Según el más reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, al menos 120 municipios del país presentan riesgos altos de violaciones a los derechos humanos, especialmente en zonas rurales del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Chocó. En estas áreas persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan el control de rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que el Gobierno mantiene operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y Policía Nacional para proteger a las comunidades y garantizar la presencia institucional. “Se han desplegado más de 15.000 uniformados adicionales en zonas priorizadas dentro del plan de seguridad y defensa territorial. Nuestro objetivo es frenar el avance de estructuras criminales y fortalecer el control estatal”, declaró el funcionario.
En materia de gobernabilidad, el Ejecutivo enfrenta tensiones con algunos sectores políticos debido a la lentitud en la aprobación de reformas sociales en el Congreso. Analistas consideran que el panorama legislativo de fin de año será decisivo para medir la capacidad del Gobierno de mantener la cohesión de su coalición y avanzar en proyectos clave como la reforma laboral y la política agraria.
El politólogo Hernán Rojas, de la Universidad Nacional, explicó que “la gobernabilidad está vinculada a la percepción de resultados. Si la ciudadanía no ve mejoras en seguridad y economía, la confianza institucional puede debilitarse, incluso en medio de un discurso progresista sólido”.
A nivel local, las recientes elecciones regionales también modificaron el mapa político, lo que obliga al Ejecutivo a establecer nuevos canales de diálogo con alcaldes y gobernadores electos para garantizar la coordinación en temas de seguridad, inversión social y orden público.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA han reiterado su disposición de acompañar los esfuerzos de paz total promovidos por el Gobierno. Sin embargo, los expertos advierten que la consolidación de ese proceso dependerá de la capacidad del Estado para llegar efectivamente a los territorios más apartados y ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades afectadas por la violencia.
