Las recientes protestas en el Cauca contra el regreso de las fumigaciones con glifosato revelan una fractura persistente entre el Estado y las comunidades rurales que habitan uno de los territorios más complejos del país. Aunque el Gobierno nacional ha insistido en que “no es enemigo de la ciudadanía”, el mensaje choca con una historia marcada por incumplimientos, violencia estructural y políticas antidrogas que han tenido impactos desproporcionados sobre la población campesina.
El anuncio de retomar la erradicación con glifosato, esta vez mediante aspersión terrestre controlada con drones, fue interpretado por las comunidades como un retorno a estrategias del pasado que priorizan el control del cultivo por encima de la transformación social del territorio. Para municipios como Argelia, El Tambo, Balboa o El Patía, la coca no es solo una economía ilegal, sino el resultado de décadas de ausencia estatal, falta de infraestructura, mercados agrícolas débiles y control armado de la tierra.
En este contexto, la reacción social no puede leerse únicamente como resistencia a una política pública, sino como una expresión de desconfianza acumulada. Los campesinos temen que la erradicación vuelva a dejarles sin ingresos, sin alternativas productivas viables y expuestos a represalias de los grupos armados que controlan la cadena del narcotráfico. La memoria de la aspersión aérea —asociada a daños ambientales, afectaciones a la salud y pérdida de cultivos lícitos— sigue siendo un factor determinante en el rechazo a cualquier modalidad de fumigación.
El discurso oficial, que identifica a los grupos armados ilegales como los verdaderos enemigos de la ciudadanía, es políticamente válido, pero incompleto. Si bien estas estructuras se benefician de la economía de la coca y ejercen control violento sobre las comunidades, su poder se sostiene precisamente en la fragilidad del Estado en zonas rurales. Mientras la presencia institucional se limite a operativos militares o medidas de erradicación, el vacío seguirá siendo ocupado por actores ilegales.
Otro elemento clave es la aparente contradicción entre la narrativa del Gobierno y su acción en el territorio. La administración del presidente Gustavo Petro ha defendido una política de “paz total” y sustitución voluntaria de cultivos, pero la reactivación del glifosato genera señales ambiguas. Para las comunidades, el mensaje es confuso: diálogo y concertación, por un lado; erradicación forzada, por el otro. Esta ambigüedad debilita la legitimidad de la política pública y alimenta la protesta social.
La situación en el corregimiento de El Plateado, donde el propio Gobierno ha reconocido dificultades para retomar el control institucional, ilustra los límites de una estrategia centrada en la seguridad sin transformación estructural. La crisis humanitaria, la interrupción de servicios básicos y el confinamiento de comunidades no se resuelven únicamente con mayor presencia de la Fuerza Pública, sino con inversión sostenida, garantías económicas y gobernanza territorial.
Finalmente, el Cauca plantea un dilema de fondo para el Estado colombiano: erradicar cultivos sin erradicar la pobreza y la exclusión es una fórmula condenada al fracaso. El verdadero desafío no es demostrar que el Gobierno no es enemigo de la ciudadanía, sino construir una relación de confianza basada en hechos concretos, cumplimiento de compromisos y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio.
Sin esa transformación, el glifosato seguirá siendo no solo un herbicida, sino un símbolo de una política que, lejos de cerrar brechas, profundiza la distancia entre el Estado y el campo colombiano.
