Montería, Córdoba — La tarde del 5 de enero de 2025 marcó un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más polémicos de los últimos años. El exsenador Musa Abraham Besaile Fayad, condenado por parapolítica y corrupción, recibió el beneficio de prisión domiciliaria por decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería.
Besaile, excongresista del partido de La U, dejó las instalaciones del batallón del Ejército donde permanecía recluido desde abril de 2023 y regresó a su lujosa residencia en Montería, desde donde continuará pagando su condena de siete años y medio de cárcel.
Un fallo que desata controversia nacional
La medida se basó en el tiempo que Besaile ya había permanecido privado de la libertad en Bogotá y en Montería, permitiéndole acceder al beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, la decisión ha generado rechazo entre sectores políticos y organizaciones sociales, que la califican como “un golpe a la justicia” por tratarse de un caso emblemático de alianzas con grupos paramilitares.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había señalado que, desde 1998, **Besaile fue pieza clave en el proyecto político-social de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Salvatore Mancuso a través del Bloque Córdoba. Dicho plan tenía un objetivo claro: controlar la administración pública regional y obtener curules en el Congreso.
“Besaile Fayad se alió a este grupo ilegal”, estableció la Corte, recordando que su nombre figuró en el segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes de Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, uno de los primeros condenados por parapolítica.
Sobornos millonarios y corrupción judicial
El 27 de septiembre de 2017, Musa Besaile se entregó voluntariamente a las autoridades, confesando haber pagado $2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica. En sus declaraciones, también acusó a su entonces abogado, Luis Ignacio Lyons España, de haber gestionado una oferta de $6.000 millones para evitar su detención inmediata.
Estas revelaciones destaparon un entramado de corrupción en la justicia colombiana que involucró a altos magistrados de la Corte Suprema y al entonces director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien lideraba una oficina paralela para archivar procesos judiciales a cambio de millonarios sobornos.
Incluso, las denuncias de Besaile contribuyeron a la condena del exmagistrado Malo Fernández, declarado culpable de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.
Reacciones divididas
Mientras la defensa de Besaile celebra la medida como “un derecho ganado”, organizaciones sociales, analistas y víctimas del conflicto armado ven en la decisión un retroceso para la justicia colombiana. Para muchos, el caso es un símbolo de la impunidad que aún rodea a los nexos entre política, paramilitarismo y corrupción judicial.
Con esta decisión, Musa Besaile continuará cumpliendo su condena desde la comodidad de su residencia, en medio de una ola de cuestionamientos que pone nuevamente en el centro del debate el alcance real de la justicia en Colombia.
