Giovanny Amaya Cabezas, líder de la comunidad LGTBIQ+ y representante de las comunidades más vulnerables, denunció públicamente el comportamiento que calificó de ilegítimo y ofensivo por parte de Linda Perdomo, actual secretaria de Inclusión Social. Según Amaya, la funcionaria ha actuado de manera inconsistente con los principios de representación y servicio público que exige su cargo, afectando gravemente a las comunidades que debería priorizar.
En su declaración, Amaya señaló que Perdomo ha mostrado una falta de compromiso con la inclusión social, actuando con actitudes que describió como hirientes y despectivas. “Se ha referido de manera despectiva a las fundaciones y colectividades que ella misma tiene la responsabilidad de representar, desconociendo el trabajo e intereses de estas organizaciones», afirmó el líder comunitario, destacando que dichas actitudes reflejan una desconexión preocupante con las necesidades reales de las poblaciones vulnerables.
El afectado señala que la secretaria usa un lenguaje grotesco y se extralimita en sus funciones.
Amaya también denunció que el comportamiento de Perdomo hacia los usuarios del programa social incluye insultos y discriminación. Según el líder, existen pruebas de que la funcionaria ha menospreciado a mujeres en situación de vulnerabilidad antes de entregarles ayudas, como mercados, lo cual contradice los principios éticos y de servicio público que deberían guiar su gestión.


“Este tipo de conductas no solo afectan a quienes trabajamos en el campo social, sino que evidencian un desprecio hacia los pueblos y las comunidades que deberían ser su prioridad», añadió Amaya, quien exigió medidas correctivas urgentes para garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas comprometidas con el bienestar de la sociedad y el respeto a los derechos de todos los sectores, en especial los más desfavorecidos.
Amaya también resaltó que, además de insultar a las comunidades, la funcionaria ha tenido un comportamiento discriminatorio hacia sus propios empleados, lo que pone en entredicho su capacidad para liderar la cartera de Inclusión Social. Según el denunciante, este patrón de conducta no solo daña la confianza en la gestión pública, sino que compromete la efectividad de las políticas sociales. La denuncia pública de Amaya llama a las autoridades departamentales a investigar y tomar acciones frente a esta situación, garantizando que la inclusión social sea gestionada con dignidad, respeto y compromiso hacia las poblaciones que más lo necesitan.




