El cantante mexicano Gerardo Ortiz fue declarado culpable del delito de conspiración luego de admitir haber realizado transacciones con una entidad vinculada al crimen organizado. Según el comunicado de Telemundo, el juicio concluyó con una pena de tres años de libertad condicional y el pago de una multa de 1,5 millones de dólares.
Ortiz deberá cumplir las condiciones establecidas durante su período de libertad condicional, lo cual podría incluir restricciones de movilidad, seguimiento por parte de un oficial de libertad vigilada y cumplimiento estricto de normas de comportamiento. Hasta el momento, su equipo legal no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
El impacto de esta sentencia podría tener alcance en su carrera artística: además de la repercusión pública, podría enfrentar cancelaciones de conciertos, renegociaciones contractuales y posibles exigencias de sus disqueras o promotores para que actúe conforme a los términos legales y de imagen.
El caso también subraya el creciente escrutinio legal que enfrentan figuras del entretenimiento al involucrarse en actividades financieras de alto riesgo o con entidades de dudosa procedencia. Esta sentencia envía una señal clara al medio artístico sobre las consecuencias de operar fuera del marco legal.
