La disputa legal entre la Gobernación de Caquetá y la Superintendencia Nacional de Salud por la intervención al Hospital María Inmaculada de Florencia ha dado un giro importante. Un tribunal ha fallado a favor de la administración departamental, reconociendo que se violaron sus derechos al designar al agente interventor para el centro médico. Este fallo es un paso crucial en una batalla legal que podría tener repercusiones para todas las intervenciones a IPS y EPS en el país.
Una medida controvertida
La intervención del Hospital María Inmaculada se mantiene en el ojo del huracán. La Superintendencia de Salud había solicitado un recurso de reposición, el cual fue desestimado por los jueces. Este pronunciamiento ahora abre la puerta para que el Consejo de Estado revise el caso en segunda instancia, lo que podría cambiar el rumbo de la administración de este hospital, uno de los más importantes en la región del Caquetá.
Irregularidades
La Gobernación de Caquetá sigue adelante con su demanda de nulidad electoral, argumentando que el nombramiento del agente interventor fue realizado sin cumplir con los procedimientos establecidos, como el registro de interventores. Esta acusación podría cambiar las reglas del juego para futuras intervenciones en instituciones de salud pública.
Medida cautelar
Además de las acciones legales, los tribunales también reconocieron una medida cautelar a favor de la Gobernación, protegiendo sus derechos en este proceso. Ahora, el Consejo de Estado decidirá si esta batalla jurídica tendrá consecuencias a nivel nacional.
