El Decreto 0639 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y casi la totalidad de su gabinete para convocar una consulta popular, encendió las alarmas jurídicas y políticas. El representante Óscar Villamizar (Centro Democrático) denunció penalmente a los 15 ministros firmantes y a los cuatro encargados ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato por acción. Gabinete de Petro en el ojo del huracán judicial por el decreto de la consulta Popular.
La denuncia señala que el decreto desconoce la decisión del Senado, que ya había rechazado la consulta en plenaria el pasado 14 de mayo. Villamizar advirtió que esta acción representa una usurpación de competencias del Congreso, y que los ministros “actuaron en abierta contravía de la ley”.
El documento cita la sentencia C-481 de 2019 y el artículo 413 del Código Penal, que tipifica como delito emitir actos contrarios a la ley desde el ejercicio público.
Procuraduría también abre indagación preliminar contra ministros
La Procuraduría General anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra los funcionarios que firmaron el decreto. En respuesta a denuncias ciudadanas, entre ellas las del concejal Daniel Briceño y Cristina Plazas, el Ministerio Público ordenó pruebas para determinar si hubo faltas disciplinarias.
La entidad exigió a Presidencia entregar todos los documentos, estudios y soportes usados para justificar el decreto. La lupa está puesta en el supuesto rompimiento del principio de separación de poderes y la violación del procedimiento constitucional para convocar a una consulta popular.
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¿Es viable una consulta el 7 de agosto? Gabinete de Petro en el ojo del huracán judicial por el decreto de la consulta Popular
Mientras el panorama legal se complica, la Registraduría Nacional enfrenta un desafío logístico: organizar una consulta nacional en menos de dos meses. Según fuentes electorales, aún no han recibido notificación oficial del decreto, pero ya estudian cuatro posibles escenarios.
Entre ellos, destacan rechazar la convocatoria por inconstitucionalidad o acogerse a la presunción de legalidad mientras avanzan los procesos judiciales. Expertos advierten que no hay tiempo suficiente para garantizar la logística electoral, y que incluso las empresas contratistas dudan en asumir el riesgo.
El registrador Hernán Penagos no ha dado una postura oficial, pero se espera que en los próximos días se pronuncie desde Puerto Carreño, donde liderará elecciones atípicas.
El “decretazo” de Petro desencadenó una tormenta política y judicial sin precedentes. Con el gabinete bajo investigación de la Corte Suprema y la Procuraduría, y la Registraduría en incertidumbre operativa, el país se adentra en un nuevo capítulo de confrontación institucional.
¿Petro busca realmente la voz del pueblo o un escenario de caos para fortalecer su discurso? La respuesta puede definir el rumbo político de Colombia.
