La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la esperada fusión entre Tigo y Movistar, pero únicamente bajo un conjunto de condiciones diseñadas para evitar una concentración excesiva en el mercado de telecomunicaciones. Entre las exigencias impuestas se encuentran compromisos de transparencia tarifaria, límites a la participación en futuros concursos de espectro y la obligación de mantener una oferta competitiva que no afecte a los usuarios actuales. La entidad aseguró que la integración solo será viable si garantiza una competencia sana frente a otros operadores.
Uno de los puntos más relevantes es la obligación de preservar la calidad del servicio y evitar incrementos súbitos en los precios, un temor recurrente entre los consumidores ante la unión de dos grandes compañías. La SIC también solicitó mecanismos de supervisión periódica para verificar que la empresa fusionada no utilice su posición para desplazar competidores más pequeños o limitar la innovación tecnológica. Esta vigilancia incluye reportes trimestrales y correctivos inmediatos si se detectan prácticas contrarias a la libre competencia.
El Gobierno y analistas del sector consideran que, pese a las restricciones, la fusión podría fortalecer la infraestructura digital del país, especialmente en regiones donde la cobertura todavía es limitada. Con la unificación de redes y recursos, se espera acelerar la expansión de servicios 4G y 5G, mejorar la velocidad de internet móvil y ofrecer mayor estabilidad en zonas rurales. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá del cumplimiento estricto de las condiciones impuestas y del equilibrio que logren mantener en un mercado que, por primera vez en años, entra en una etapa de reconfiguración profunda.
