Bajo la dirección de Diana López, internos recibían golpes, baños con orina y maltrato diariamente.
La denuncia inicial fue presentada por la madre de un menor que se encontraba recluido en la fundación, quien afirmó categóricamente que su hijo y otros internos fueron víctimas de agresiones físicas sistemáticas, incluyendo golpes brutales, duchas forzadas con agua sucia y orina, además de encierros prolongados en condiciones inhumanas. Según el testimonio de la denunciante, estos castigos se aplicaban especialmente cuando los jóvenes intentaban escapar del lugar o cuando se acercaban las fechas de visita familiar.
Los métodos de castigo descritos incluían golpes con objetos contundentes, privación de alimentos, encierro en espacios reducidos sin ventilación y la humillación constante mediante el rociado de líquidos corporales sobre los internos.
La madre denunciante también reveló que su hijo, menor de 18 años, había sido golpeado en dos ocasiones por intentar fugarse del establecimiento.
La situación escaló dramáticamente el domingo pasado cuando una madre preocupada llegó al establecimiento acompañada de agentes de la Policía Nacional, alertada por terceros que le informaron sobre el estado físico deteriorado de su hijo. Durante el procedimiento de inspección, las autoridades encontraron a otro joven amarrado y con evidentes señales de violencia física, situación que desencadenó las confesiones masivas de otros internos sobre los abusos sistemáticos que sufrían diariamente.
Las investigaciones preliminares revelaron que el centro operaba sin las autorizaciones correspondientes para atender menores de edad, violando así la normativa vigente sobre protección de la infancia y adolescencia. Además, se estableció que una funcionaria identificada como Lorena presuntamente enviaba a su pareja sentimental, un exinterno del lugar, para ejecutar los castigos físicos contra los jóvenes recluidos, configurando una red de abuso y violencia institucionalizada.
El establecimiento fue inmediatamente sellado por las autoridades competentes tras confirmarse las denuncias, y el caso fue remitido de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación para el inicio de la investigación penal correspondiente. Los fiscales especializados en delitos contra menores de edad ya adelantan las diligencias para establecer la responsabilidad de todos los implicados en estos hechos aberrantes.
