Una red de corrupción que habría infiltrado las alcaldías del Bajo Cauca antioqueño está en el centro de una investigación liderada por la Procuraduría General de la Nación. La entidad busca establecer si funcionarios locales estarían manipulando la plataforma oficial Génesis para disfrazar oro ilegal como si fuera extraído por mineros artesanales, facilitando así su comercialización dentro y fuera del país.
El escándalo pone en evidencia el uso indebido de bases de datos oficiales para beneficiar redes criminales vinculadas con el contrabando de metales preciosos. Según Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Procuraduría ya solicitó información sobre municipios que estarían inscribiendo irregularmente a supuestos barequeros.
Aunque no se han revelado los nombres de los municipios implicados, las sospechas apuntan a localidades de la subregión del Bajo Cauca, donde la minería ilegal y la violencia han ido de la mano por años.
“El problema es que estas inscripciones otorgan la capacidad de vender oro legalmente, sin que realmente se trate de minería de subsistencia”, explicó Pardo. Para aparecer en Génesis, el supuesto minero necesita un RUT, un lugar certificado por la alcaldía para ejercer la actividad y otros documentos básicos, lo que estaría siendo falsificado o manipulado con ayuda desde dentro de las alcaldías.
Suplantación y amenazas: el otro rostro del negocio
La investigación también reveló que muchos pequeños mineros están siendo suplantados, y algunos incluso descubren que figuran como vendedores de grandes cantidades de oro sin su conocimiento. Un agricultor de El Bagre, por ejemplo, fue citado por la DIAN al aparecer con ventas superiores a $500 millones, pese a que apenas mezclaba su sustento agrícola con labores mineras menores.
Casos como este han derivado en amenazas, desplazamientos y hasta asesinatos. “A uno le dicen que se calle, que no denuncie, porque es más peligroso que la coca”, narró una fuente consultada bajo reserva.
Organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) han advertido desde 2021 sobre la sistematicidad de esta práctica, mientras que el portal Verdad Abierta ya había denunciado casos similares desde 2017.
Corrupción y crimen: el combustible de una mina de oro ilegal
El atractivo del oro ilegal es claro: una onza troy supera hoy los 3.100 dólares, lo que convierte este negocio en más rentable que el narcotráfico en algunas regiones. Esta realidad explica el creciente interés de grupos armados por controlar zonas de extracción y, ahora, también la complicidad de funcionarios públicos.
La semana pasada, la Policía Nacional ejecutó una ofensiva contra estas redes, logrando la incautación de 5.846 gramos de oro, más de $2.200 millones en efectivo, 8.800 dólares, mercurio y armamento en establecimientos de compra-venta.
El caso abre un nuevo capítulo en la lucha contra la minería ilegal, pero también expone la urgente necesidad de controlar y depurar los sistemas oficiales que, lejos de prevenir el delito, están siendo usados como herramientas de encubrimiento.