Una nueva controversia sacude el escenario político de Villavicencio tras la radicación de una queja disciplinaria y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Personería Municipal de Villavicencio, en la que se señala a dos altos funcionarios de la administración local por una presunta participación indebida en actividades políticas durante el proceso electoral al Congreso de 2026.
Señalamientos
De acuerdo con el documento, la denuncia involucra a Yaned Sierra Castrillón, secretaria de Salud, y a Germán Eduardo Ayala Amaya, secretario de Gobierno y Posconflicto, quienes habrían participado en actos de campaña en favor del entonces candidato a la Cámara de Representantes por el Meta, Darwin Castellanos Romero, perteneciente al Centro Democrático.
Según el denunciante, los hechos se habrían presentado mientras ambos funcionarios ejercían sus cargos, lo que podría configurar una vulneración a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos en materia política.
Faltas
En la queja se citan disposiciones como el artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades de partidos y controversias políticas, así como normas contenidas en el Código Penal y el Código General Disciplinario.
El documento sostiene que existiría material audiovisual publicado en redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, que evidenciaría la presunta conducta irregular, mostrando a los funcionarios respaldando públicamente la aspiración política.
La denuncia también menciona al alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, al señalar que el candidato apoyado tendría cercanía con su administración. Según el denunciante, esta situación habría generado una supuesta ventaja indebida en la contienda electoral, al presuntamente involucrar la estructura institucional en favor de una candidatura.
A la espera
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la apertura de investigaciones o el estado del proceso. Se espera que tanto la Fiscalía como los entes de control analicen el material probatorio aportado para determinar si existe mérito para avanzar en actuaciones disciplinarias o penales.
