La procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Piamonte, Cauca, Manuel Agustín Cuéllar Becerra, y la ex secretaria de gobierno, convivencia y desarrollo social, Carolina Muñoz Martínez, investigados por presunta celebración indebida de contratos con la Fundación Putumayo Social y la Fundación para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental de Colombia.
A los disciplinables se les puso en tela de juicio por adelantar presuntamente los convenios de cooperación para fortalecer las expresiones artísticas y culturales a través del proyecto ‘Creando con reciclaje una navidad feliz’, y para desarrollar una actividad dirigida al aprovechamiento del tiempo libre, sin cumplir con los requisitos legales previstos para seleccionar las entidades sin ánimo de lucro contratistas.
Con este comportamiento, según el ente de control podría haberse impedido un proceso competitivo encaminado a elegir al mejor proponente, limitando la participación de posibles proveedores, y afectando con ello, la garantía de igualdad de oportunidades en el proceso contractual.
Con su actuar, los investigados pudieron transgredir los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal, entre otros, manifestó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán, calificando las faltas de forma provisional como gravísimas cometidas a título culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Los funcionarios en investigación podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa. En cumplimiento de la separación de roles, el expediente se remitirá al despacho de juzgamiento competente para que adelante el juicio.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que desde el ámbito penal investigue, si Cuéllar Becerra y Muñoz Martínez infringieron la ley penal con sus conductas.
Tener en cuenta que la violación a los delitos del régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales tiene pena de prisión que va de 64 a 216 meses, así multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.
Te puede interesar: Activan fase de plan vial para el municipio de Popayán
