La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva abrió investigación disciplinaria contra María Angélica Duarte Rivas y Lilly Andrea Manrique Bahamón por presuntas irregularidades en la contratación de un inmueble destinado al Centro de Detención Transitorio de la ciudad.
El proceso se originó por un contrato de arrendamiento suscrito en 2025 por 240 millones de pesos, que habría vulnerado el régimen de inhabilidades, ya que la propietaria del predio, Manrique Bahamón, ejercía funciones públicas al momento de la firma. Aunque la funcionaria aseguró no tener impedimentos legales, el ente de control busca establecer si hubo falta disciplinaria.
Tras cuestionamientos, el contrato inicial fue revertido y posteriormente adjudicado a una empresa representada por un familiar de la misma funcionaria. Esta firma, creada poco tiempo antes con bajo capital, obtuvo el negocio en un proceso ágil que también generó dudas.
Pese a la controversia, la administración municipal defendió la legalidad del procedimiento y argumentó que el inmueble cumplía con condiciones adecuadas. Incluso, el contrato fue prorrogado para 2026 por 442 millones de pesos, elevando el valor total a más de 500 millones. El caso sigue en análisis y podría derivar en sanciones como suspensión, multas o inhabilidades, dependiendo de los hallazgos disciplinarios.
