El ambiente político del Huila volvió a sacudirse esta semana tras las explosivas declaraciones de Lester Garrido, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento, quien reconoció públicamente haber tenido participación en la reciente consulta del Pacto Histórico.
Lejos de negar las acusaciones hechas por el periodista Melquisedec Torres, Garrido decidió “subir el volumen” y responder con una frase que rápidamente encendió las redes sociales: “Aquí todos lo hacen”. La afirmación no solo confirmó las sospechas sobre su posible injerencia política desde un cargo público, sino que también salpicó a por lo menos 15 alcaldes del Huila, a quienes señaló de haber actuado con el mismo propósito.
Declaración
La polémica no se hizo esperar. Sectores políticos, líderes de oposición y ciudadanos manifestaron su rechazo ante lo que califican como una confesión de intervención indebida en asuntos electorales. Varios concejales y dirigentes locales exigieron a los organismos de control Procuraduría y Fiscalía abrir una investigación por posible participación política de funcionarios públicos, práctica prohibida por la ley.
Mientras tanto, desde la ANT en Bogotá no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes internas aseguran que el caso ya fue puesto en conocimiento de la oficina de control interno disciplinario.
Las palabras de Garrido revelan un escenario mucho más amplio: la politización de los entes públicos en el Huila, donde varios funcionarios habrían aprovechado sus cargos para influir en procesos electorales. Analistas locales consideran que su confesión, aunque imprudente, deja al descubierto una práctica que, aunque conocida, rara vez se admite de forma tan abierta.
“Garrido no solo prendió el ventilador, sino que confirmó lo que muchos sospechaban: la frontera entre lo administrativo y lo político en el Huila es cada vez más difusa”, señaló un dirigente departamental.
Por ahora, Garrido mantiene su cargo y no ha emitido más declaraciones. Sin embargo, la presión mediática y política crece cada día, y sus palabras podrían tener consecuencias disciplinarias y administrativas.
El caso promete extenderse, no solo por lo que confesó, sino por a quiénes arrastró consigo. En un departamento donde las lealtades políticas se tejen al ritmo de las elecciones, el ventilador encendido por Garrido podría remover más polvo del que imaginaba.
