Gustavo López Avella, quien ocupó el cargo de secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos hasta el 18 de noviembre, presentó su renuncia irrevocable pocos días antes de que el Concejo Municipal de Tunja realizara un control político sobre su gestión. Este hecho marcó un punto de inflexión en su trayectoria administrativa, generando críticas sobre la transparencia y las implicaciones de su decisión.
Recientemente, se conoció que López Avella se posesionó como almacenista en la misma Administración Municipal, una designación que ha sido interpretada como un movimiento que permite su continuidad en la estructura administrativa sin mayor exposición pública. Este cambio de rol suscita cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y asignación de cargos al interior del ente gubernamental, así como sobre los criterios que respaldaron su nuevo nombramiento, considerando la coyuntura de su renuncia.
La transición de un cargo de alto perfil a una posición operativa plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas en la función pública, especialmente en un contexto donde el control político parece haber quedado inconcluso. La situación pone de manifiesto una aparente falta de rigurosidad en los procedimientos administrativos y deja entrever dinámicas internas que podrían estar orientadas a proteger intereses particulares en lugar de garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
La decisión de reincorporar a López Avella en un cargo operativo sin abordar los pendientes relacionados con su desempeño como secretario refleja una carencia de control institucional efectivo. Este caso resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y establecer estándares claros que garanticen la probidad en la administración pública.
