Maritza Rubio fue señalada por acoso laboral en la Secretaría de Movilidad.
La Procuraduría General de la Nación recibió recientemente una denuncia anónima que apunta directamente contra la contratista Maritza Rubio, vinculada a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ibagué. Según el documento, la mujer habría incurrido en conductas de acoso laboral, hostigamiento, abuso de poder y posibles irregularidades contractuales, hechos que presuntamente han generado alarma entre sus compañeros de trabajo y que ahora están bajo la lupa del ente de control disciplinario.
La acusación se sustenta en grabaciones de audio que, presuntamente, evidencian un trato humillante y grosero hacia otros contratistas. En dichas grabaciones, Rubio habría manifestado que ninguna acción disciplinaria prosperaría en su contra, pues contaría con el respaldo del director operativo Giovanni Posada y de su pareja sentimental, Alexander Castañeda, asesor en el despacho del secretario de Movilidad. Estas relaciones cercanas, según la denuncia, le habrían otorgado una posición privilegiada dentro de la entidad.
El material probatorio incluye un registro de audio en el que se escuchan expresiones intimidantes que habrían generado un ambiente de temor entre los demás contratistas. Además, se menciona un derecho de petición radicado en febrero de 2026 por un funcionario de planta, en el que se cuestiona el comportamiento hostil de Rubio. Dicho antecedente reforzaría la idea de una conducta presuntamente reiterada y sistemática.
La denuncia también señala que el contrato de Rubio habría pasado de un perfil auxiliar a uno profesional, con un aumento en el valor, presuntamente gracias a la influencia de Castañeda. Se solicita verificar las cuentas de cobro presentadas, pues existirían dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y del perfil exigido.
Entre los posibles hallazgos se mencionan tráfico de influencias, favorecimiento indebido, abuso de poder y omisión de control institucional. La denuncia pide iniciar una investigación disciplinaria inmediata, revisar las cuentas de cobro y evaluar la presunta injerencia de Castañeda en la modificación del contrato.
El documento concluye solicitando medidas de protección para los funcionarios afectados y garantiza la reserva de identidad del denunciante, quien teme represalias. La Procuraduría deberá determinar si las pruebas son suficientes para abrir un proceso formal y establecer responsabilidades en un caso que ya presuntamente genera controversia en la administración local.
