En la noche del 21 de agosto de 2025, un hecho llamativo y preocupante volvió a sacudir a la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Diez menores de edad lograron fugarse del Centro de Rehabilitación Santo Ángel, ubicado en la Comuna Tres, via que conduce al Putumayo. Este nuevo incidente ocurre pocas semanas después de otro escape similar, lo que vuelve a poner en evidencia fallas graves en la seguridad de esta institución.
Este no es un caso aislado: el año anterior, 19 menores también huyeron de este mismo centro, sin que hasta la fecha ninguno haya sido recapturado, según registros periodísticos. La falta de control y supervisión en el recinto se hace evidente. Autoridades locales aún no han informado sobre hallazgos, recapturas o avances en la investigación, lo que incrementa el temor y la incertidumbre en la comunidad.
Personas cercanas al incidente aseguran que los menores escaparon utilizando una loma adyacente al centro como ruta de huida, desde donde lograron escabullirse hacia zonas vecinas sin ser detenidos. Además, se critica que el centro solo contaría con un policía uniformado, posiblemente sin armamento, como responsable de la seguridad en el lugar —una instancia claramente insuficiente para contener un motín o fuga simultánea.
Según reportes preliminares, los menores fugados están vinculados a delitos graves como homicidios, atentados, hurtos, extorsiones e incluso se les vincula con grupos al margen de la ley. Todo esto demuestra que la situación trasciende una simple cuestión de disciplina interna, y plantea verdaderos retos para la seguridad pública y la justicia juvenil en la región.
