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La inseguridad en el departamento del Meta ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. Según la gobernadora Rafaela Cortés, el incremento en los índices de criminalidad, especialmente en delitos como la extorsión, ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Este aumento ha sido atribuido en gran parte a las acciones de disidencias de grupos armados como ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, quienes mantienen un control significativo en diversas zonas de la región.
Crisis
Ante esta situación, Cortés destacó que su administración ha destinado más de 21 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública. “Carros, motos, drones, pero también infraestructura. Hay que mejorar las condiciones de la fuerza pública, no puede ser que los delincuentes tengan mejores transportes, más tecnología, y nosotros con la fuerza pública abandonada”, expresó con firmeza.
La gobernadora también señaló que, como facilitadora en las mesas de diálogo con grupos armados, ha puesto sobre la mesa temas cruciales como el no reclutamiento de menores y el desminado de territorios. Sin embargo, fue contundente al afirmar que la política de Paz Total, promovida por el Gobierno Nacional, no ha tenido un impacto real en el departamento. “La seguridad se ha venido perdiendo. Hemos logrado una interlocución, pero realmente los avances no existen, la Paz Total no avanza”, sentenció.
Miedo
El Meta, con su vasta extensión territorial y múltiples retos en materia de seguridad, enfrenta serias dificultades para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. La mandataria señaló que, en repetidas ocasiones, han solicitado al Ministerio de Defensa el refuerzo de las fuerzas del orden. “Desde hace unos meses hablamos con el ministro, pidiéndole al menos 1.000 policías y 1.500 soldados más”, aseguró.
Aunque se han implementado medidas para contrarrestar la inseguridad, los resultados han sido insuficientes. Las comunidades rurales, en particular, siguen siendo las más afectadas por las acciones de grupos armados y las redes de extorsión. La situación también ha impactado negativamente el desarrollo económico y social del departamento, pues muchos empresarios y productores agrícolas han denunciado amenazas constantes.
Cortés subrayó que el compromiso del gobierno departamental es firme, pero no puede enfrentar esta crisis sin el respaldo adecuado de la nación. “Estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos una acción más contundente desde el nivel nacional”, indicó.
La percepción de inseguridad se ha convertido en un tema central en el Meta, generando un llamado urgente por parte de sus autoridades para abordar la problemática con estrategias más eficaces y recursos suficientes. Mientras tanto, los ciudadanos esperan con incertidumbre que las promesas de reforzar la seguridad se traduzcan en resultados tangibles.
