El CAPA se encuentra en el ojo del huracán; Andrés Zambrano, reveló lo sucedido en contra de Johana Aranda y Carolina Veloza.
Una serie de graves irregularidades han salido a la luz gracias a la investigación de ‘El Olfato’ en la ciudad de Ibagué, lo que habla sobre el contrato firmado entre la Alcaldía de Ibagué y la empresa Servicios Empresariales SYK S.A.S. para el suministro de alimentos a los perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). Este contrato, que se realizó en junio durante la celebración del 50° Festival Folclórico Colombiano, ha generado preocupación por la falta de idoneidad del contratista y los sobrecostos en los productos entregados.
La investigación revela que la Alcaldía no cumplió con los requisitos mínimos en la contratación estatal, ya que se invitó a cotizar a empresas con experiencia en limpieza de edificios, no en suministro de alimentos para animales. A pesar de esta incongruencia, la empresa Servicios Empresariales SYK S.A.S., representada por Ernesto Alfonso Quiroga Uribe, fue seleccionada, en lo que parece ser un proceso dirigido para favorecer a este contratista.
Millonario
El contrato, por un monto de $73 millones, estipula que los alimentos se suministrarán hasta agotar el presupuesto en seis meses. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades, como la modificación de la oferta económica por parte de la empresa ganadora, algo que debía causar su descalificación según las propias reglas de la licitación. A pesar de esto, la directora del CAPA, Carolina Veloza, aprobó la oferta de SYK S.A.S., lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso.
Otro punto crítico es el sobrecosto en los precios de los alimentos entregados al CAPA. Por ejemplo, el bulto de comida para gatos fue facturado a $292.545, mientras que en el mercado se consigue por $188.350. De manera similar, el alimento para perros se facturó a $255.952, aunque en tiendas especializadas su precio es de $190.800. Estas diferencias no se justifican ni siquiera considerando los impuestos adicionales que aplican a los contratos públicos.
Esta no es la primera vez que la identidad se encuentra al rojo vivo en la Capital del Tolima.
El concejal Andrés Zambrano, uno de los críticos más vocales de la administración actual, ha denunciado estos sobrecostos y ha cuestionado la relación cercana entre la alcaldesa Johana Aranda y el contratista Quiroga Uribe. En los primeros ocho meses de gestión, SYK S.A.S. Ha recibido más de $2.600 millones en contratos, incluyendo la limpieza de las sedes del IBAL, la Alcaldía de Ibagué, y otros servicios. Además, la empresa está a punto de obtener otro contrato de $791 millones para la remodelación de la sede de la Alcaldía, adjudicado mediante un proceso de menor cuantía que solo tuvo un proponente. Ante estas graves acusaciones, la directora del CAPA, Carolina Veloza, ha guardado silencio. Cuando fue contactada para responder sobre su papel en la aprobación del contrato, remitió las preguntas al Secretario de Gobierno, evitando dar explicaciones sobre su participación en el proceso. Este silencio ha generado más sospechas sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas en este caso.
