Dos exempleados de una entidad bancaria en Santa Marta, Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias, fueron enviados a prisión preventiva tras ser acusados de participar en una red de ciberdelincuencia que operó entre 2021 y 2022.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían utilizado información personal de clientes para tramitar fraudulentamente 38 créditos por un monto superior a los 280 millones de pesos, sin el consentimiento de los titulares.
La Fiscalía destacó que la información utilizada para fabricar las huellas falsas proviene de bases de datos que están protegidas por estrictas normas de confidencialidad y solo pueden ser manejadas por entidades públicas como la Policía Nacional, Medicina Legal y la propia Fiscalía. El acceso indebido a esta información representa una grave violación de los derechos de los ciudadanos y pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en la protección de datos sensibles.
El caso ha generado preocupación debido al impacto que este tipo de delitos tiene en las víctimas, quienes no solo enfrentan el daño económico, sino el desafío de limpiar su historial crediticio y recuperar su identidad financiera. La Fiscalía continúa investigando para determinar si hay más personas involucradas en esta red de ciberdelincuencia y para establecer el alcance total de los daños ocasionados.
