Un hecho que ha causado profunda indignación se registró en Soacha, Cundinamarca, donde las autoridades capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años dentro de un jardín infantil ubicado en la comuna 5. La madre de la menor, al detectar comportamientos inusuales en su hija, actuó con prontitud y la llevó a un centro médico. Allí, el personal de salud activó el “código blanco”, un protocolo de atención diseñado para casos de abuso infantil, que confirmó el ataque y permitió abrir una investigación inmediata.
El primer informe médico confirmó signos claros de abuso sexual, lo que motivó la intervención de las autoridades competentes. La representante legal del jardín aseguró que, tras conocer la denuncia, activó la ruta de atención ante la Secretaría de Educación, aunque aclaró que se mantendrá la confidencialidad del caso para proteger los derechos de la menor. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó la captura del señalado y expresó su compromiso con la protección de la niñez. “Seguimos actuando con contundencia contra cualquier tipo de violencia, especialmente contra nuestros niños y niñas”, afirmó el mandatario.
Fue señalado por abusar de una menor de 3 años en jardín infantil de Soacha
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La comunidad respondió con una manifestación frente a las instalaciones del jardín infantil. Decenas de padres y madres exigieron justicia y medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las instituciones educativas. Los asistentes pidieron una revisión rigurosa del personal, cámaras de vigilancia funcionales y mayor acompañamiento de psicólogos y defensores de familia. La presión ciudadana se suma a la necesidad de una reforma integral en la atención y prevención de este tipo de delitos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que verificó los derechos de la menor y activó la ruta de atención psicológica especializada tanto para la niña como para su familia. Esta acción hace parte del protocolo estatal para víctimas de violencia sexual infantil. Además, las autoridades nacionales anunciaron que evaluarán nuevas estrategias para prevenir estos crímenes, incluyendo evaluaciones psicológicas al personal que trabaja en jardines infantiles y capacitaciones obligatorias sobre manejo infantil y respeto por los derechos humanos.
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Este caso, sumado a otros recientes como el del presunto abusador Freddy Castellanos en Bogotá, evidencia una problemática grave que exige acciones urgentes y sostenidas. Las investigaciones continúan bajo estricta reserva para garantizar el debido proceso y la protección de la menor. Mientras tanto, es esencial que los padres, cuidadores y ciudadanos mantengan una comunicación constante con los menores, detecten señales de alerta y denuncien cualquier comportamiento sospechoso. Solo así se podrá construir entornos seguros y libres de violencia para todos los niños y niñas del país.