El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia de única instancia emitida el 20 de mayo de 2025, anuló oficialmente la elección del personero municipal de Altamira para el período 2024-2028. El fallo, emitido por la Sala Sexta de Decisión y con ponencia del magistrado José Miller Lugo Barrero, concluyó que el proceso de selección estuvo viciado de nulidad, tras comprobarse serias irregularidades en la contratación y ejecución del concurso público de méritos.
La demanda fue presentada por la Procuraduría 90 Judicial I para Asuntos Administrativos y la Universidad Popular del Cesar, esta última al evidenciar que su nombre y representación institucional habrían sido usados sin autorización en el proceso de selección.
«Nunca autorizamos ese concurso”
Uno de los hechos más contundentes que sustentaron la decisión judicial fue un oficio emitido por el rector de la Universidad Popular del Cesar, Dr. Rober Romero Ramírez, el 10 de noviembre de 2023. En él, el directivo aclaró al Concejo Municipal de Altamira que no existía convenio alguno, autorizado ni firmado, con ese ente territorial para la realización del concurso que llevó a la elección de Héctor Augusto Vargas Toledo como personero.
Más aún, el rector fue enfático en desautorizar a la señora Durvis María Lacouture Vega, o cualquier otro funcionario o particular, para adelantar gestiones en nombre de la universidad. A su vez, solicitó copia de cualquier documento en el que se asumiera un compromiso en nombre de la institución, con el fin de tomar medidas legales.
Destape de irregularidades
Las inconsistencias no terminaron ahí. El rector Romero Ramírez denunció penalmente los hechos el 20 de noviembre de 2023, y posteriormente, el 22 de diciembre, envió un segundo oficio al Concejo Municipal con un detallado informe sobre las anomalías detectadas. En este documento reveló que un exvicerrector de la universidad, el Dr. Orlando Seoanes León, habría suscrito convenios sin autorización y sin cumplir los requisitos legales exigidos.
Entre las anomalías citadas figuraban omisiones en los criterios de evaluación, falta de transparencia, e incluso el uso indebido del nombre de la universidad para legitimar un proceso que nunca tuvo sustento legal. El rector reiteró su posición en un nuevo oficio fechado el 2 de enero de 2024.
Con base en los hechos y documentos presentados, el Tribunal encontró mérito suficiente para declarar la nulidad del acto de elección del personero municipal. La decisión representa un precedente clave para la defensa de la legalidad en la designación de servidores públicos, en especial en el nivel municipal, donde con frecuencia los procesos de selección son vulnerables a la manipulación política y administrativa.
La sentencia, que ya ha generado eco en la región, obliga al Concejo Municipal de Altamira a iniciar un nuevo proceso de selección, esta vez ajustado estrictamente a la ley. La ciudadanía espera que este fallo marque el comienzo de una nueva etapa de transparencia institucional en el municipio.